La escasa infraestructura de puntos de carga para vehículos eléctricos, así como una regulación por parte del Gobierno, sigue dificultando la implementación del vehículo eléctrico.
Las ventas de los vehículos eléctricos varían en función de la situación de cada país, pero por lo general se han ido incrementando en Europa cada año. En España en particular, se vendieron en el año 2020, un total aproximado de 18.000 unidades, sobre un total de 850.000 matriculaciones aproximadas.
La mayoría de propietarios de un eléctrico carecen de una infraestructura que les permita cargar la batería de sus vehículos en muchas localizaciones, lo que supone un inconveniente a la hora de realizar desplazamientos y, sobre todo, cuando se trata de largas distancias.
En lo que llevamos de año, han sido varias las acciones que se han llevado a cabo para impulsar la movilidad eléctrica, siendo una de estas la aprobación de la Estrategia de Almacenamiento Energético, cuyo fin es respaldar el despliegue renovable y garantizar la calidad, sostenibilidad, economía y seguridad del suministro; ofreciendo ventajas como la movilidad ecológica o el autoconsumo.
En lo que concierne al Plan MOVES, el Ejecutivo anunció la donación de 20 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas que habían agotado su presupuesto en la segunda convocatorias del Plan, así como la puesta en marcha del nuevo Plan MOVES III.
¿Qué pretende el Gobierno con los puntos de carga?
De acuerdo con el artículo publicado en Car And Driver, y según el director general de la Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; el Gobierno pretende regular los puntos y la infraestructura de recarga de los eléctricos, principalmente por la importancia de la electrificación en la economía. Por lo que se procura adjudicarle un marco normativo “Estable, pero también de apoyos financieros”.
Asimismo, también regulará:
- La figura de participantes en la prestación de servicio, es decir, asignará a cada usuario una tarea en concreto.
- El operador del punto de recarga.
- La empresa requerida para proveer servicios de electromovilidad.
- Derechos y obligaciones asociados a las figuras anteriores: Dinámica sobre los puntos de carga para facilitar la información y el conocimiento por parte de las personas y la expedición de información estática.
Problemas de cara a la implementación de la movilidad eléctrica
Hacer un viaje con un eléctrico resulta prácticamente imposible, pues cuando circulamos por carreteras convencionales hay una distancia exagerada entre un punto de carga y otro.
Distintos organismos afirman que, a muchos de los usuarios que desean adquirir un eléctrico, les frena la falta de infraestructuras y puntos de carga eléctricas. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), estos son los cinco obstáculos a la expansión del coche eléctrico en España:
- Creación de un sistema de control de precios: Para que el conductor pueda comprobar el coste de repostar o recargar en una gasolinera u otra, según el recorrido que vaya a realizar.
- Empuje a la apertura de nuevas estaciones: Circulando por carreteras secundarias, la distancia entre estaciones de carga puede superar los 170 km, por ello se pretende – Según defiende la OCU – que la vía cuente con una estación de carga cada 50 km.
- Motivar e incluso subvencionar la instalación de puntos de carga privados en los garajes: Reservando los instalados actualmente e introduciéndolos en los edificios nuevos. Otra opción sería establecerlos en los aparcamientos de las empresas.
- Instalación de cargadores rápidos en vías urbanas (de 42 KW mínimo) y priorizar la reestructuración de los lentos ya instalados.
- Pago conjunto entre las distintas redes de cada país, ofreciendo la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito o débito.
En la imagen anterior, verás el coste que tiene recargar el coche eléctrico con las principales compañías que proveen este servicio en los puntos de recarga de vehículos de este tipo. Como verás, los precios son muy dispares entre las distintas empresa y es por este motivo por el que el Gobierno quiere empezar a regular distintos aspectos relacionados con la instalación, mantenimiento y servicio de los puntos de recarga para vehículos eléctricos.
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