Vehículos abandonados en los talleres

Modificación de la normativa y leyes relacionadas

A partir de mayo de 2010, si los titulares no recogen su vehículo de las dependencias del taller en un plazo igual o mayor de un mes, los talleres podrán llevarlos al desguace para iniciar el proceso de descontaminación y reciclaje, o bien, despiezar el automóvil y así recuperar las piezas reparadas para amortizar los costes.

Una vez la DGT ha comprobado la veracidad de la documentación y que el dueño del vehículo ha hecho caso omiso a la solicitud del taller, la Jefatura Provincial de Tráfico contacta con el propietario para informarle del pago de la factura pendiente y que de no ir a retirar el vehículo al taller, éste será llevado al desguace para su achatarramiento.

Para que esta gestión sea posible, es obligación que el taller informe previamente al propietario del vehículo de la situación y solicite su retirada. En el caso de que el dueño del automóvil ignore esta solicitud por parte del taller, éste podrá aportar en la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente documentación que acredite que el titular del coche fue informado de la misma.

Las pérdidas de los talleres provocadas por el abandono de vehículos llegaban a 100 millones de euros.

Del Artículo 86 al actual Artículo 106 de la Ley de Tráfico

Gracias a la presión del sector y la modificación de la normativa, la gestión de estos «vehículos okupas» se ha simplificado. Lo que anteriormente se recogía en el Artículo 86, hoy se regula bajo el Artículo 106 del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Esta normativa permite a la Administración ordenar el traslado del vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento (CATV) para su posterior destrucción y descontaminación si se cumple el siguiente supuesto en recintos privados (talleres, parkings públicos, depósitos): «Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del mismo en un recinto privado su titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos meses.»

Vehículos enviados al desguace por los talleres en 2012

El reciclaje profesional en un desguace no es solo una labor logística; es una barrera directa contra el cambio climático. Al procesar un vehículo en un CAT, se logra un beneficio doble: se evita la extracción de nuevas materias primas y se minimiza el impacto energético de los procesos industriales. La fabricación de metales a partir de material virgen -como el hierro o la bauxita para el aluminio- requiere una cantidad ingente de energía térmica y eléctrica, procesos que emiten toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Al reintegrar estos materiales en el ciclo productivo, logramos reducir drásticamente las emisiones de CO2, ya que fundir metal reciclado consume hasta un 95% menos de energía que producirlo desde cero.

Vehículos enviados al desguace por los talleres en 2018

En 2018, desde los talleres mecánicos se enviaron al desguace un total de 5.656 vehículos que habían sido abandonados por los propietarios en sus instalaciones, lo que ha supuesto un incremento del 29% con respecto al número total de unidades registradas durante el año anterior.

De acuerdo con la información proporcionada por GANVAM (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios), este incremento esta ligado también al descenso de las matriculaciones y al envejecimiento del parque automovilístico del país, donde las ventas de vehículos nuevos se han reducido en un 6´3%, mientras que las de automóviles de segunda mano con más de 15 años han aumentado en un 8% y representan ya el 30% de las ventas del mercado de ocasión.

Para más información, puedes leer nuestro artículo: En 2018 los talleres enviaron al desguace un 29% más de vehículos abandonados.

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Artículo 86. Tratamiento residual del vehículo ¿En qué consistía?

La Administración competente en materia de gestión del tráfico podrá ordenar el traslado del vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación:

• Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado de la vía pública y depositado por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones.
• Cuando permanezca estacionado por un periodo superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o les falten las placas de matrícula.
• Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del mismo en un recinto privado su titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos meses.

Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la Administración requerirá al titular del mismo advirtiéndole que, de no proceder a su retirada en el plazo de un mes, se procederá a su traslado al Centro Autorizado de Tratamiento.

• En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo c), el propietario o responsable del lugar o recinto deberá solicitar de la Jefatura Provincial de Tráfico autorización para el tratamiento residual del vehículo. A estos efectos deberá aportar la documentación que acredite haber solicitado al titular del vehículo la retirada de su recinto.
• En aquellos casos en que se estime conveniente, la Jefatura Provincial de Tráfico, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de tráfico, y el Alcalde o autoridad correspondiente por delegación, podrán acordar la sustitución de la destrucción del vehículo por su adjudicación a los servicios de vigilancia y control del tráfico, respectivamente en cada ámbito.

La instrucción de 2022: Una solución para los vehículos «okupas»

En diciembre de 2022, la Dirección General de Tráfico (DGT) publica una instrucción que amplía la interpretación del Artículo 106 de la Ley de Tráfico. Según los datos técnicos que acompañan a esta normativa, se calcula que en España existen unos 20.000 vehículos «olvidados» en recintos privados como estacionamientos de hoteles, hospitales, aeropuertos, centros comerciales y comunidades de propietarios.

Esta cifra se suma a los 50.000 abandonos anuales en vías públicas y los 6.000 en talleres y depósitos, conformando un problema de ocupación de espacio crítico: estos 20.000 vehículos equivaldrían a una superficie de 198.000 metros cuadrados, o lo que es lo mismo, 28 campos de fútbol totalmente cubiertos por coches fuera de uso.

Este cambio exige al solicitante acreditar el abandono mediante pruebas gráficas, actas notariales o certificados del administrador, y obliga a realizar un requerimiento previo al titular dándole un plazo de un mes para retirar el vehículo antes de proceder a su destrucción.

Además, la instrucción introduce una novedad relevante para el aprovechamiento de recursos: si el vehículo se encuentra en condiciones óptimas para su uso ordinario, la autoridad competente puede sustituir el desguace por su adjudicación a los servicios de vigilancia del tráfico. Esta medida no solo agiliza la limpieza de los «puntos negros» de abandono en las ciudades, sino que refuerza el compromiso de la Administración con la seguridad vial y la gestión eficiente de los espacios privados.