- El Ejecutivo propone modificar la Ley de Calidad del Aire para que los impuestos a vehículos también consideren las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) y las partículas en suspensión, afectando así a los vehículos diésel. La iniciativa fue recibida favorablemente por los responsables de medio ambiente de las comunidades autónomas y municipios, mientras que las asociaciones de fabricantes y venta de automóviles la calificaron de poco acertada.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) tiene previsto revisar la Ley de Calidad del Aire de 2007, con el fin de modificar los actuales impuestos aplicados a vehículos y castigar a los automóviles con más emisiones, no solamente de dióxido de carbono (CO2), sino que de otros elementos nocivos para el medio ambiente como el dióxido de nitrógeno (NO2) y las partículas en suspensión.
Esta propuesta fue acogida de forma favorable por los responsables medio ambientales de las comunidades autónomas y por la representante de la Federación Española de Municipios y Provincias.
En este sentido, los más afectados serían los vehículos diésel ya que hasta ahora, los impuestos solo contemplan las emisiones de CO2 y no incluyen lo que se pretende sancionar con esta modificación a la Ley de Calidad del Aire: las emisiones de NO2 y las partículas en suspensión.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, ha afirmado que el gravamen tiene una finalidad “medioambiental y no recaudatoria, pero tendrá efectos recaudatorios”. No obstante, ha aseverado que no está previsto que el destino del dinero recaudado sea una finalidad medioambiental, sino que cada administración municipal lo utilizará en lo que estime conveniente.
Reacciones en contra
La iniciativa del Gobierno ha sido calificada como poco acertada por las asociaciones de fabricantes (Anfac) y de vendedores (Ganvam) de vehículos, y aseguran que una medida más eficaz sería impulsar un plan de rejuvenecimiento del parque móvil para retirar de circulación de los automóviles más contaminantes y enviarlos al desguace.
Otro de los argumentos en contra que esgrimen las asociaciones es que esta medida “no va en la línea de lo que el sector necesita” y que aumentar la presión fiscal a los conductores en tiempos de crisis es un error, puesto que los vehículos tienen un total de hasta nueve tasas diferentes.
En esta línea, Anfac ha sido enfática en señalar que la mejor medida que se pude tomar para mejorar la calidad del aire es la puesta en marcha de un plan de renovación del parque móvil, ya que actualmente un 20% de los coches antiguos genera el 80% de las emisiones de CO2.
Además, la asociación recordó que el parque automovilístico español es uno de los más antiguos de Europa y que los vehículos representan el 13% de las emisiones de CO2 en las ciudades, donde hay también otras fuentes generadoras de emisiones como las fábricas o calefacciones.
Por otro lado, Ganvam también se ha mostrado en desacuerdo de penalizar el uso de vehículos diésel, ya que suponen una parte importante del parque actual alcanzando en 2011 el 70,3% de los coches vendidos en el transcurso del año pasado.
En RO-DES creemos que una renovación del parque móvil es necesaria e imprescindible para dar de baja definitiva los vehículos que más contaminan y afectan tanto al medio ambiente como a la seguridad vial.
¿Qué opináis de esto? ¿Estáis a favor o en contra de aumentar los impuestos de los vehículos diésel?